La participación es una manifestación activa de la libertad, es siempre un acto social pues solo se puede participar en conjunto con otros que también estén decididos a tomar parte. En este caso en los asuntos públicos.
En un sentido más específico es importante que definamos participación siguiendo a Velásquez y González y podemos decir que participación es el proceso a través del cual distintos sujetos sociales y colectivos en función de sus respectivos intereses y de la lectura que hacen del entorno, intervienen en la marcha de los asuntos colectivos con el fin de mantener, reformar o transformar el orden social y político.
La consolidación de los regímenes democráticos en América Latina ha puesto en manifiesto un doble compromiso. Por un lado, el de los gobiernos locales como instancias más próximas al ciudadano que deben promover y crear espacios de participación ciudadana. Y por otro lado, el compromiso del ciudadano para apropiarse y dotar de contenidos a esas instancias de participación.
¿Por qué la participación es importante para el buen gobierno?
Porque implica una ciudadanía activa que no se conforme cuando le da la responsabilidad de gobierno en sus representantes sino que participe activamente tanto en la formulación como en la ejecución de las políticas públicas y por supuesto en el control del cumplimiento de las decisiones que se toman colectivamente a través de esos distintos espacios.
María del Rosario Revelló amplía esta noción de participación y la desagrega en cinco dimensiones:
1.- Como expresión de demandas sociales, esto qué implica, la recepción por parte de las autoridades de las demandas de su comunidad. Un ejemplo de esto es la iniciativa legalista, es una metodología a través de la cual los ciudadanos pueden presentar ante los órganos legislativos de sus ciudades proyectos de ley. Estas iniciativas según las reglamentaciones vigentes en cada una de las ciudades deben ser tratadas por los órganos legislativos en un plazo determinado.
2.- Como estrategia de cooperación. Esta alude a la responsabilidad de todos los vecinos respecto al destino de la comunidad y también a la consecuente necesidad de participar en la mejora de la calidad de la prestación de los servicios existentes en la ciudad. Pero también la concepción por parte del estado de que la participación ciudadana ha influido en la extensión en la calidad y en la eficiencia de la prestación de los servicios públicos locales. Este tipo de participación se evidencia en los planes estratégicos las asambleas ciudadanas los presupuestos participativos, entre otras herramientas.
3.- Como proceso de articulaciones institucionales y sociales. La participación ciudadana vincula a las esferas públicas de gobierno con las diversas expresiones de la sociedad civil organizada. Las audiencias públicas, las organizaciones vecinales, los comités de fiscalización ciudadanas de obras, son algunas de las expresiones de esta dimensión de la participación.
4.- Como una dimensión de control. Esta comprende formas de acceso de la ciudadanía a la información y decisión sobre la orientación de los recursos públicos locales. Esto tiene incidencia directa en la formulación de los presupuestos la asignación de partidas, y por supuesto en el establecimiento de prioridades de los gastos públicos. También se relaciona con la eficacia de la gestión pública sometida al control social efectivo y cotidiano por parte de la ciudadanía. Que una vez expresada sus demandas y adquiridos los compromisos se encuentra en inmejorables condiciones para poder efectuar el seguimiento de la satisfacción de sus necesidades y del nivel de ajuste y cumplimiento de los objetivos comunes.
Los ejemplos más comunes de esta dimensión de la participación son los programas de transparencia las auditorías ciudadanas, las revocatorias de los mandatos, los tribunales de cuentas, son solo algunas de las herramientas para ejercer esta dimensión de la participación.
5.- Como estrategia de concertación para el desarrollo. El logro de un desarrollo urbano más equilibrado e igualitario que implique directamente una mejora en la calidad de vida de toda la población. La reafirmación del desarrollo local tendiendo a la creación consolidación y reafirmación de las identidades barriales o zonales y a la promoción de iniciativas económicas con retorno social local. Estas líneas tienden a reforzar los roles de los agentes de desarrollo en los órganos de gobierno local. Los planes estratégicos y los planes urbanos son algunos de los espacios de concertación donde se materializa este tipo de participación. Según la doctora a estas dimensiones habría que adicionarle dos más la primera es la participación como forma de decisión sobre los asuntos públicos, es decir, las estrechamente vinculadas con herramientas participativas como los presupuestos participativos los planes estratégicos, los planes urbanos en los cuales los ciudadanos no solo aportan ideas, debaten o reclaman sobre una problemática concreta, sino que también se contemplan instancias plenas de decisión donde ellos participan. Y la segunda dimensión que habría que adicionar es la participación como generadora de capacidades. Tanto para los gobiernos locales como para los ciudadanos que ocupan dichos espacios participativos. Por ejemplo, a través de los consejos barriales las asociaciones vecinales las comisiones distritales de estas dimensiones de la participación se desprende que existen múltiples maneras de implementar políticas que la contengan como principio regulador de las mismas.
Desafíos y retos de la participación ciudadana
¿Qué desafíos enfrentan las ciudades al involucrar a sus ciudadanos en el gobierno local?
¿Qué retos tienen los ciudadanos para conseguir que sus opiniones y recomendaciones se integren en los proyectos del gobierno?
En la actualidad se visualiza una diversidad de territorios, tanto supranacionales como los territorios nacionales como los subnacionales que muchas veces desbordan los límites políticos administrativos. En este sentido las demandas y funciones no necesariamente se contienen dentro de un país dentro de los estados o provincias o dentro de los propios municipios.
Este escenario le plantea a los actores de un territorio nuevas funciones estrictamente políticas, como la voluntad de concertación, la capacidad de liderazgo y de negociación, pero también nuevas funciones sociales, la capacidad de animación de los actores para crear sinergia, como un modo de elaborar respuestas locales a retos globales.
El proceso de debilitamiento del estado ha conducido de alguna manera a los gobiernos latinoamericanos a la desconcentración de funciones hacia los niveles subnacionales, sin embargo, estos procesos de redistribución territorial de las responsabilidades en la formulación y discusión de las políticas públicas no fue acompañada de todos los casos por la correspondiente reasignación de recursos y de poder para la toma de decisiones.
Esta situación a la que se enfrentan hoy las ciudades constituye un reto para las mismas primero porque hay una multiplicidad de actores que intervienen en el territorio dijimos los niveles supranacionales, el estado nación que sigue teniendo un protagonismo importantísimo en la definición de los procesos y también los niveles subnacionales. Ahora, muchas veces sucede que las ciudades deben enfrentarse a demandas ciudadanas para las cuales no están capacitadas ni en términos de competencias ni en términos de recursos para poder hacerle frente, sin embargo, debido a que son el nivel de gobierno más próximo al ciudadano, tienen la responsabilidad de dotarse de los recursos y las competencias necesarias para poder dar respuesta a estas nuevas demandas sociales.
Coincidimos en que hay que dejar a cada territorio que haga o que le es pertinente, en definitiva esto es aplicar el principio de subsidiariedad del estado, ¿qué quiere decir esto? que las decisiones y acciones deben ejecutarse siempre en el nivel más próximo al ciudadano. La política, como gestión pública que se puede hacer a nivel local puede ejercerse por ámbitos estatales superiores este es el principio de subsidiariedad del estado.
Otro de los retos que deben enfrentar las ciudades es la capacidad de liderazgo, no hay posibilidad de promover el proceso de participación ciudadana si no son liderados por el gobierno local. Ahora, hay que tener en cuenta que muchas veces los gobiernos locales plantean la creación de estos espacios de participación más como un proceso de legitimización de decisiones, previamente tomadas que realmente para incentivar la participación de los ciudadanos en la creación de políticas públicas y en la ejecución de las mismas.
Otro de los retos fundamentales para promover estos espacios es la creación de conocimientos la generación de conocimiento pertinente para la toma de decisiones. Esto implica la creación de capacidades en el territorio, es decir, que los ciudadanos tengan la información suficiente no solamente para poder hacer diagnósticos de la situación en la que se encuentran sino también para poder participar responsablemente en la decisión de los asuntos públicos. Y por otro lado, hay que tener la precaución de que esa construcción de capacidades en el territorio no esté atado a la utilización de una herramienta porque luego la herramienta desaparece y también las capacidades que se querían construir.
El último reto tiene que ver con la construcción de confianza. Sin liderazgo no hay proceso de participación. Si no hay conocimiento y no hay información pertinente para tomar decisiones tampoco se pueden promover procesos de participación. Ahora, si no se produce confianza entre los actores que participan es muy difícil construir procesos de sinergia que lleven a generar las decisiones necesarias para formular y ejecutar políticas públicas que redunden en la mejora del territorio en cuestión.
Mecanismos de la participación ciudadana
¿Qué mecanismos de participación ciudadana se pueden utilizar?
Las herramientas de participación ciudadana son aquellas formas legales que le permiten a un ciudadano participar de la vida democrática ya sea de manera individual o colectiva, tanto los asuntos públicos como de gobierno. Así como, obviamente, controlar a las autoridades que este mismo ciudadano eligió.
Aquí vamos a presentar una tipología de herramientas de participación que se relacionan con los niveles de involucramiento que la ciudadanía va teniendo en estas distintas herramientas, que va desde la información la consulta, la toma de decisiones, hasta el control y la congestión en los asuntos públicos. Donde ya los ciudadanos llevan adelante iniciativas de gobierno.
Herramientas de participación ciudadana
Si decimos que tomamos en cuenta los tipos de participación acorde al nivel de involucramiento de la ciudadanía podríamos agruparlos de la siguiente manera:
El primer nivel es el de la información. Las autoridades en este caso ponen a disposición de la ciudadanía la información pública, es decir, el ciudadano va y se informa, a través de audiencias públicas, de audiencias de rendición de cuentas, de reuniones informativas, la oficina de atención al ciudadano y los programas de educación y capacitación son algunos ejemplos de esta naturaleza.
Es muy importante tener en cuenta que el estado no solamente debe tener la legislación que plantee que la información debe ser pública sino que también esta información debe ser accesible al ciudadano, es decir, debe ser aprehensible, comprensible por parte del ciudadano, esto significa que no solamente esté disponible a través de herramientas públicas como páginas web, como oficinas donde el estado le brinde al ciudadano esta información sino que también esa información pueda ser leída de una manera muy simple por parte del ciudadano. Uno de los ejemplos de este tipo son las oficinas de atención ciudadana. Los gobiernos locales pueden poner a disposición de la ciudadanía oficinas de atención con el fin de agilizar gestiones y orientar al ciudadano para la realización de diversos trámites. En general se trata de centros donde los ciudadanos pueden acudir en busca de información y también de orientación y apoyo para este tipo de trámite.
El segundo nivel de involucramiento es el nivel de consulta. Este implica que la autoridad escuche directamente las demandas e intereses de los ciudadanos. Este implica discusión, deliberación y conocimiento más en profundidad de la información, de la posición y de los argumentos de los distintos actores. La consulta ciudadana los cabildos abiertos, las audiencias públicas no vinculantes, el plebiscito, el referéndum son algunos de los ejemplos de este tipo de herramienta.
Otro nivel de involucramiento es el de la decisión. Es donde los ciudadanos participan en el proceso de toma de decisiones de los asuntos públicos, ya sea a través de la selección y determinación de prioridades de proyectos por parte de la ciudadanía los presupuestos participativos, los planes estratégicos, los comités de fiscalización ciudadano de obras, los programas de descentralización, es decir, la decisión descentralizada por el gobernante hacia los ciudadanos organizados. Un ejemplo de eso, como decíamos, son los presupuestos participativos.
El cuarto tipo de participación ciudadana de acuerdo con el nivel de involucramiento es el de control. Ahí los ciudadanos ejercen el control social de los actos de sus autoridades. Los programas de transparencia, las auditorías ciudadanas, la revocatoria de mandatos o los tribunales de cuentas son algunos de los ejemplos en este sentido.
El último nivel alude a la congestión entre la comunidad y la autoridad. Los ciudadanos llevan adelante iniciativas de gobierno a través de distintos espacios. Algunos ya los hemos nombrado, como el comité de control y fiscalización, la cogestión de proyectos, la cogestión de obras en barrios o comunas, la iniciativa legislativa también puede ser una forma de participar de los ciudadanos en el gobierno, la gestión por resultados, los tableros de control los programas de seguridad ciudadana o los sistemas regionales de gestión de residuos.
(Fuente. BID (Banco Interamericano de Desarrollo) / Iniciativa Ciudades Sostenibles y Emergentes
